Una investigación de varios medios, entre ellos EL PAÍS, revela que el Gobierno turco ha creado una amplia red de centros de internamiento y deportación financiados con dinero de la UE.
Sami, Zurmat, Abdul, Ghani, Amer, Jamshid procedían de diferentes lugares, jamás se conocieron. Pero tienen al menos dos cosas en común: huyeron de países sumidos en graves conflictos y estuvieron a las puertas de la UE, donde sus casos les podrían haber facilitado un estatus de refugiado. Hay una tercera característica que les une: han sido deportados de vuelta a sus países.
Respecto a este caso, la PGM turca afirma que a Lucas, como a otros presos, el personal del centro le preguntó si había sufrido malos tratos y la respuesta fue negativa. El español admite que se dieron estas consultas, pero matiza: “El día anterior me habían preguntado por agresiones y justo después fui víctima de una. Eso no crea un clima de confianza para acusar a tu agresor”.
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