En España ha habido casos graves de utilización política de la justicia, pero es el poder judicial el único competente para investigar y sancionar a sus propios corruptos
La inminente ley de amnistía ni puede ni debe mencionar el concepto de lawfare , que sí figura en el apartado más impreciso del acuerdo de investidura PSOE-Junts. Un pacto sin embargo útil, pese a su estreñida retórica: facilita el retorno de esta rama indepe a la política en el marco constitucional. No debe por varias razones.
Como el del juez Salvador Alba contra la juez Victoria Rosell para frustrar su carrera de diputada en Podemos; y el del juez Javier Gómez de Liaño contra Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián en el asunto Sogecable, para laminar al grupo que edita este periódico. Ambos fueron condenados por prevaricar: Alba, condenado a prisión; Liaño, inhabilitado como juez. Puede haber más, también en las causas catalanas.
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