La fiscala dictaminó que existen fundamentos para iniciar una investigación en base a los audios que presentó el exjefe de gabinete de Scioli. El juez Kreplak lo aceptó como querellante.
La fiscala Ana Russo dictaminó que hay razones para abrir una investigación en base a la denuncia que presentó Alberto Pérez, exjefe de gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, junto condonde el comisario Hernán Casassa describía un circuito de armado de causas judiciales y carpetazos durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
El dictamen de la fiscalía todavía no individualiza personas imputadas. Dice que impulsa la acción"contra toda persona que pudiere resultar autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos por los que se insta su investigación y que se pudieran identificar con el devenir de la pesquisa".
En los audios Casassa decía que el área de Auditoría de Asuntos Internos de la policía bonaerense, que dirigía Guillermo Berra, acopiaba información de manera ilegal de distintas bases de información: las privadas, como el sistema Nosis, para obtener datos patrimoniales y crediticios, y otras estatales como la Unidad de Información Financiera y la AFIP. También señalaba una vinculación con la Agencia Federal de Inteligencia.
Cuando ratificó la denuncia, Pérez recordó que Berra y su pareja, María Rosario Sardiña, auditora sumarial, fueron procesados. Están camino a juicio oral. Pero la causa se circunscribió a la información que recopilaba Asuntos Internos y lo que sostiene el exjefe de gabinete es que otras dependencias del Ministerio de Seguridad gestionaron información ilegal, y que por ejemplo habría 40.