El fallo de una jueza estadounidense por las compensaciones tras la reestatización de YPF es de pura lógica: el Estado argentino no respetó la ley y generó un cuadro de inseguridad jurídica.
por no ofrecer las compensaciones correspondientes al reestatizar YPF, en 2012. Si bien la sentencia no está firme, el peritaje económico podría determinar que el país deberá pagarles unos U$S 15 mil millones a quienes promovieron el juicio, según los cálculos de algunos especialistas.
Así planteada, la operación violaba los estatutos que la compañía tiene desde la década de 1990. Expresamente, una cláusula fija que cualquier nuevo accionista mayoritario debe ofrecerle al resto la posibilidad de venderle sus acciones. Es una forma de proteger a los accionistas minoritarios frente a cualquier cambio de control de la empresa. Así fue como entró Repsol, en 1999.
El actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, era el ministro de Economía cuando el Gobierno se propuso recuperar YPF como un símbolo de soberanía. Ante la sentencia en contra, a la que calificó de “absoluto absurdo jurídico”, propone una interpretación conspirativa. “Este es un año electoral, así que no me extraña que se vuelvan a meter los buitres”, dijo, como según él lo hicieron en 2015.