Los créditos otorgados por el sistema financiero a todo el sector público superan en un 50% a los préstamos dados a los privados para llevar a cabo actividades productivas.
La semana pasada se hizo evidente que la estrategia de financiamiento del sector público nacional mostró las dificultades propias de una crisis de confianza, que llevó a inversores financieros a desprenderse de determinados instrumentos de deuda emitidos por el Estado nacional, cuyos vencimientos no estarán a cargo del Gobierno actual.
Para tener otra referencia, los créditos otorgados por el sector financiero a todo el sector público, entre los que figuran prominentemente los valores públicos superan en un 50% a los préstamos de estas entidades al sector privado para llevar a cabo actividades, ya sea de consumo o de inversión. La relación era inversa antes de la pandemia.
Como resultado, se han reducido, por ejemplo, los créditos hipotecarios . En este escenario, la búsqueda de acceso a un préstamo financiero para empresas las enfrenta a competir por los fondos con el Estado, lo que genera un encarecimiento del crédito en general y el consiguiente desplazamiento de la inversión e iniciativa privadas, que son las genuinas generadoras de empleo y actividad económica.
El gasto público copió como carbónico esta evolución, y el Estado se fue haciendo tan presente que ocupa hoy un tamaño de 10 puntos del PIB más alto que el de hace dos décadas. La estrategia de identificar desde el Estado estas oportunidades para pensar en cómo colaborar para potenciarlas se asocia al sentido común, y es la que han seguido los países que se han desarrollado socioeconómicamente, incluso con peores puntos de partida que el nuestro.