La vicepresidenta cuestionó a la jueza María Eugenia Capuchetti por el cargo que tiene en un instituto del gobierno porteño, que está a cargo del ministro (con licencia) Marcelo D’Alessandro.
Cristina Fernández de Kirchner volvió a presentar un pedido de recusación contra María Eugenia Capuchetti, la jueza a cargo de la causa por el intento de magnicidio del 1 de septiembre pasado.
Entre los fundamentos de la presentación, los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, sostuvieron que “el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública de Caba”. En el texto recusatorio se indicó que “participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo”.
También señalan que la “autoridad política” de ese organismo es el ministro Marcelo D’Alessandro, lo que “tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra”.
Los abogados afirmaron que, “en pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar” en la causa por el atentado.
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