La columna de Fontevecchia en Diario PERFIL de este domingo: Carlos Alberto Beraldi: “No son jueces imparciales”
—El fallo de la causa de Vialidad no lo sorprendió, entiendo, ni a usted ni a la vicepresidenta, que ya había adelantado que la condena estaría escrita, pero de cualquier forma, ¿cuál es su visión una vez que conoció la condena?
—No, eso debería ser objeto de una investigación en otro tribunal, en otro juzgado. Lo que se puso de manifiesto en el juicio, en el alegato, es que la prueba que se quería encontrar en ese teléfono, que abarcaba un período de dos o tres años, en realidad justamente no avalaba la tesis de la acusación, sino la controvertía.
CAUSA VIALIDAD. “Desde un punto de vista técnico, no tengo ninguna duda de que el recurso tiene que ser procedente y que se debe revocar esta condena, que entiendo injusta”. —En el caso de De Vido, es claro porque tampoco tenía competencias funcionales sobre cómo se asignaban estas obras a los determinados contratistas ni todo el proceso de control, seguimiento de la obra y pagos. Esto era algo que se hacía dentro de la DNV, pero específicamente en el caso de 38 obras, directamente desde los órganos provinciales, la Agencia de Vialidad provincial, todavía estaba más alejado.
—¿Y el monopolio de él en la provincia de Santa Cruz no le resulta sospechoso, por lo menos algo que puede ser legal pero al mismo tiempo extraño? —No desde la perspectiva de “vamos por todo”, si queremos mostrar que esos tres gobiernos en realidad fueron una banda de delincuentes, no había otra forma de abordar el caso que decir: es una asociación ilícita. Y esa asociación ilícita es la que condujo a estos delitos, en particular.
LAWFARE Y JUSTICIA POLITIZADA. “Se necesitan instituciones fuertes, empezando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el Consejo de la Magistratura, por tener un procurador”. —Si hay una asociación ilícita, debería ser una sola. Cuando empezó el juicio, esto lo planteé como una cuestión preliminar.
—Siguiendo con esa lógica, entonces, en las otras casas que tiene la actual vicepresidenta, la asociación ilícita tampoco podría prosperar. —Primero, para un lego la figura de la asociación ilícita es una cuestión de dudosa constitucionalidad, porque a uno se lo va a penar no por lo que hizo, sino por lo que supuestamente va a hacer. Recurrir a esto es cuando generalmente no se tiene pruebas. En un delito, hay un autor que ejecuta la acción y después puede haber otras personas que participan.
—Primero, la obediencia debida funciona en otro ámbito, no en el ámbito de la administración pública. En la administración pública los funcionarios tienen ciertas competencias y no pueden ir más allá de sus competencias. La Dirección Nacional de Vialidad no recibió nunca jamás una orden directa de la Presidencia de la Nación y no la podía recibir, además, porque había mandos intermedios.
—Usted dice que podría incluso haber sido un impeachment, como en el caso de Brasil, pero no condenada la presidenta por esto, que podía tener una responsabilidad política, pero no tendría que haber sido la Justicia, sino que tendría que haber sido el Legislativo. —Primero, las investigaciones que se hacen desde los medios de comunicación son investigaciones periodísticas y no tienen parámetros de cómo se recoge la prueba, cómo se la evalúa. Eso es una cuestión que los periodistas hacen muy bien, y que es fundamental en un Estado de derecho. Ahora, esta discusión de si esto está bien o está mal, en definitiva, lo define la gente cuando vota.
“Las investigaciones que se hacen desde los medios son periodísticas, no tienen parámetros de cómo se recoge la prueba, cómo se la evalúa”por primera vez cuando él era el juez que llevaba adelante la causa contra Lula. Él marcaba que había sido un estudioso del Mani Pulite y que la clave era encontrar al empresario, para luego poder condenar al funcionario público corrupto.
—El mismo día que se iba a conocer la condena del tribunal del juicio de Vialidad, el día previo en realidad, salió a luz el viaje de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios a Lago Escondido, aparentemente con gastos cubiertos por el Grupo Clarín. Deme su propia impresión del viaje, y si usted considera que esto es un hecho aislado o significa una práctica habitual.
—Eso, sin lugar a dudas, no solamente cruza el límite, sino que constituye un delito. Porque si uno le da un beneficio económico a un juez, aun cuando no le pida nada a cambio, eso es una infracción a la ley penal prevista específicamente en un artículo que es el 259, que es la entrega de una dádiva.
—¿Cómo un juez con el nivel de visibilidad pública y habiendo instruido causas de tal relevancia pública puede viajar, puede aceptar caer en lo mismo que condenó? ¿A qué lo atribuye usted? —Puede ser que sea ingenuo, o puede ser que ellos piensan que, aun cuando sea descubierto esto, no van a tener ninguna consecuencia. Porque, en definitiva, el Consejo de la Magistratura no va a hacer nada. Y si se hace una denuncia penal, en definitiva la van a tener que resolver los mismos jueces que están dentro de ese mismo edificio. Pero no es un problema de los jueces, es un problema también de los empresarios que pagaron.
EL ROL DE LA JUSTICIA. “Tenemos que tratar que nuestro sistema judicial funcione de la mejor manera en todos los ámbitos. Que no sirva para perseguir, pero que tampoco no sirva para nada”. —El Consejo de la Magistratura está pasando por una grave crisis, y hoy está paralizado, esto también es una situación crítica que debe ser de alguna manera subsanada, entiendo, por la política.
—Cuando vi la nota me pareció un hecho escandaloso y me pareció que no tenía la cobertura que tenía que tener. Al principio estuve sorprendido, después no sé si hubo una orden o contraorden, pero después sí empezó a aparecer en todos los medios de comunicación, y en esos medios que usted mencionó de manera particular. —En esto creo que tenemos que ser muy objetivos.
—Esa es una parte, y hay otra parte en donde son grandes auxiliares cuando se hacen juicios orales y públicos, para que esa publicidad realmente sea masiva. Eso es lo que tiene que lograrse a través del periodismo. Se hace una denuncia, cuando se llega a juicio, entonces también se difunde cómo ese juicio se desarrolló.
—Sí, yo creo que hay lawfare, no sé si el nombre es el aplicable o no, que es utilizar procesos judiciales con la finalidad de perseguir a dirigentes políticos. Esto ocurre a nivel continental. Ha ocurrido con Lula, ha ocurrido con otras personalidades, y es una forma de desnaturalizar para lo que se ha construido el sistema de administración de justicia. Y esto se ve no solamente cuando actúa a favor, sino cuando actúa en contra.
—Es que no se puede ser hegemónico para esto. Este es el problema. Nunca se llega a esos niveles. Por ejemplo, si uno tiene que nombrar un procurador, se necesitan 2/3 y a eso no se llega, no se alcanza ni se alcanzó nunca. Se necesita consenso para esto. Entonces, mientras la Constitución fije ese tipo de mayorías, no hay otra posibilidad que ponerse de acuerdo las fuerzas políticas.
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