El experto que coordinó los trabajos de la ley estatal del Voluntariado de 2015, Pablo Benlloch, replica que el proyecto madrileño se salta las líneas rojas que inspiran la legislación
frente a las críticas de asociaciones del sector, entre ellas la Plataforma Española del Voluntariado, que insisten en su ilegalidad por vulnerar las normas autonómica y estatal.
Benlloch dice que las administraciones tienen una obligación de gestionar los servicios públicos que no pueden delegar en terceros. “Otra cosa es que por conciertos o por convenios lleguen a un acuerdo con entidades sociales, pero en absoluto puede usted actuar como esas entidades”, añade.Benlloch explica que la ley madrileña es más ambigua porque sí da esa habilidad al sector público, pero en su artículo 13.
Más Madrid y PSOE van a pedir explicaciones a la consejera Dávila el lunes cuando debe comparecer en la Comisión de Juventud de la Asamblea. Los dos grupos reprochan las formas y el contenido del proyecto. Protestan porque no se haya tenido en cuenta al sector, dudan de la legalidad de la medida y desconfían de los fines del Gobierno Ayuso.
La portavoz de asuntos sociales del PSOE en la Asamblea, Lorena Morales, cree que el PP está dando un paso más en su modelo caritativo para los servicios sociales. “Reclamamos un modelo que dote de derechos y de verdadera justicia social para que haya igualdad. Y eso pasa por inversión y políticas públicas. No por entregarlo todo al sector privado sin control y recurrir al voluntariado para ahorrarse profesionales”.Es reportero de la sección de Madrid desde 2018.
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