Desde el campo civil y legislativo exigen saber cómo se financia la asociación que retuvo a la niña para que no aborte.
El caso de la ONG Grávida que retuvo a una niña embarazada de una violación parental y la ocultó al equipo de la Secretaría de Niñez interviniente para que no aborte cobró impacto nacional y ya con consecuencias en la política.
El planteo requiere, además, que el Ejecutivo detalle qué intervenciones realizaron en este caso la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, los ministerios de Desarrollo Social, de Salud, y de Igualdad, Género y Diversidad. Consideró, además,"estos grupos actúan sobre personas en situación vulnerable, tanto la nena violada por el padre, como la mamá, una mujer golpeada". Y reprochó entonces que"el gobierno provincial permita actuar a estas organizaciones y no lo impida, y que otra vez el caso se filtre desde el Hospital Iturraspe, porque no es el primer caso", observó.
Sosa marcó también los vínculos de estas entidades civiles con la Iglesia Católica. Y relacionó sus maniobras con otras instituciones antiderechos como la Red Federal de Familias, que desplegó un lobby sostenido en varios municipios y concejos para recortar uso de anticonceptivos, y misoprostol en la salud pública."Siempre negando derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", recriminó.
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